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ACTUALIDAD | NOTICIAS | 21 de Marzo de 2011

La Unión de Espeleólogos Vascos (UEV) presenta una alegación al proyecto de ley de cobro de rescates

Muy interesante la alegación presentada en el Parlamento Vasco por La UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS (UEV), la Asociación de Estudios del Karst Axpea de Bizkaia y los grupos espeleológicos vascos ADES de Gernika, GAES de Bilbao, GEBNA de Vitoria, GEMA de Duranguesado, Grupo Espeleológico Alavés, Haitzulo de Bilbao, la Sección de espeleología del Club Deportivo Aloña Mendi de Oñati, la Sociedad de Ciencias Alfonso Antxia y Zutarri N.K.T

Toda la información: www.euskalespeleo.com

AL PARLAMENTO VASCO

Asunto: Alegaciones al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Tasas

La UNIÓN DE ESPELEÓLOGOS VASCOS (UEV), la Asociación de Estudios del Karst Axpea de Bizkaia y los grupos espeleológicos vascos ADES de Gernika, GAES de Bilbao, GEBNA de Vitoria, GEMA de Duranguesado, Grupo Espeleológico Alavés, Haitzulo de Bilbao, la Sección de espeleología del Club Deportivo Aloña Mendi de Oñati, la Sociedad de Ciencias Alfonso Antxia y Zutarri N.K.T., y en nombre de todos ellos, David Díez Thale con DNI (), presidente de la UEV, en relación al proyecto de Ley de Modificación de la Ley de tasas, ante este Parlamento comparecemos y respetuosamente

MANIFESTAMOS:

Hemos tenido acceso al texto de modificación de la Ley de Tasas que someten al Parlamento, y en la que, entre otros, se prevé cobrar una tasa a todas las personas (y a sus entidades organizadoras) que precisen de un rastreo, salvamento o rescate a resultas de practicar espeleología, a razón de 37,74 euros/hora/persona que participe; 76,50 euros/hora/vehículo con su dotación; y 2.244 euros/hora/helicóptero.

Los grupos espeleológicos aquí comparecientes, que aglutinan a la mayoría de las personas que practican la espeleología en la CAPV, cuentan entre sus filas con los espeleosocorristas, agrupados al fin del auxilio en cavidades en la Unión de Espeleólogos Vascos (UEV), asociación ésta que gestiona e impulsa el espeleosocorro vasco voluntario, de apoyo a los servicios profesionales del rescate en este medio, quien ha suscrito un convenio de colaboración para el rescate en el interior de cavidades con la Dirección de Atención de Emergencias del Departamento de Interior desde el año 1994. A través de esta asociación, los espeleólogos llevamos muchos años implicados activamente en la prevención y actuación ante accidentes en cueva, sobre los que, en colaboración con la administración pública, hemos realizado varias publicaciones técnicas (manuales de espeleosocorro), hemos elaborado fichas de rescate en cavidades, hemos puesto a su disposición la localización de las cuevas vascas para su uso ya no sólo en rescates en cueva, sino en búsquedas en montaña; etc.

Y todos nosotros manifestamos nuestro más absoluto y frontal rechazo a la imposición de esta tasa, que no sólo consideramos injusta, sino que además entendemos que es poco respetuosa e inmerecida hacia el colectivo de espeleólogos vascos. Y denunciamos que estamos ante una irresponsable forma de trabajar a la hora de proponer normas que debe elevarse al Parlamento, sin molestarse en recabar las consecuencias ni el efecto e impacto económico y social de las medidas propuestas sobre nuestro colectivo.

Sí queremos dejar una cuestión clara con carácter previo. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de agradecer a los funcionarios de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco (en particular a los técnicos de intervención) y a los ertzainas del grupo de rescate en montaña su trabajo y disposición para unir nuestras fuerzas en los operativos de rescate. Llevamos muchos años trabajando juntos, en simulacros, en la elaboración de documentación, e incluso actuando en algún accidente real. Se han preocupado mucho por lo que hacemos y conocen a la perfección nuestra labor. Estas personas siempre han realizado sus tareas con profesionalidad y, además, respetado y apoyado nuestra labor. Por eso, a ellos sólo podemos transmitirles nuestra mayor confianza y agradecimiento porque sabemos que, sea como sea, siempre van a estar junto a nosotros cuando nos ocurra (a ellos en una actividad de entrenamiento o a nosotros en nuestra actividad habitual) un accidente o incidente.

Estas alegaciones y nuestra más firme queja no van en absoluto hacia ellos, sino que se dirigen exclusivamente a los representantes políticos responsables del texto, a los que han propuesto esta regulación.

TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY TASA

Si lo que pretendía el Gobierno Vasco es aplicar en esta tramitación los principios inspiradores de “Euskadi Abierta-Euskadi Irekia”, con su promesa de gobernanza, lo cierto es que ha estado muy lejos de cumplirlo, al menos, con nosotros.

La primera noticia fiable de que se estaba llevando a cabo una modificación de la Ley de Tasas nos vino de los compañeros de montaña. El Gobierno Vasco comunicó oficialmente a los montañeros que iba a crear esta tasa para todos los rescates en montaña que hubiera negligencia por parte del rescatado; y ninguneó en el trámite de audiencia a los espeleólogos, los más afectados económicamente por la medida dado la complejidad de nuestros rescates.

Posteriormente, tras un comunicado en la sede electrónica euskadi.net y en la prensa, anunciando que se iban a cobrar los rescates negligentes en montaña, nos presenta un texto que ha supuesto una tasa totalmente nueva, irreconocible a lo publicitado; y saca fuera de su aplicación, salvo para supuestos muy tasados, al colectivo montañero en general, precisamente al colectivo al que había consultado.

En el texto aprobado por Consejo de Gobierno se da un quiebro a esa postura inicial, y se propone cobrar por los servicios del Gobierno Vasco en determinados rescates, bien por el medio en el que se producen, bien por el riesgo intrínseco de la actividad; sí o sí, en todo caso, haya negligencia o no. Y en el resto de actividades no listadas, sólo se cobrarán los servicios que intervienen en el rescate cuando se produzca en situaciones meteorológicas avisadas o sea simulado.

Este cambio sustancial en el texto fue introducido durante la tramitación interna del Gobierno, e introdujo en este listado de actividades objetivamente peligrosas la espeleología, inventando el nuevo término “espeleísmo”, suponemos que derivado del montañísmo.

Esta modificación no se produjo en el marco de una reflexión interna ni externa, ni mucho menos. Muy al contrario, se hizo sin consultar a los afectados, y sin las debidas evaluaciones del impacto de la medida, y ya no sólo sobre la Hacienda vasca, sino sobre la realidad social en la que incide, y que en este caso supone nuevos seguros deportivos, ampliación de límites en coberturas, un seguro por cada conjunto de actividades que consideran peligrosas… y un claro mensaje disuasivo para practicar el listado de actividades, entre las que se encuentra, entre otras, la espeleología.

LA NUEVA TASA PARA EL COBRO DE RESCATES: PROBABLEMENTE INCONSTITUCIONAL, SIN ENCAJE EN EL RÉGIMEN GENERAL Y CONTRADICTORIA EN SUS PROPIOS TÉRMINOS.

La exposición de motivos del Proyecto de Ley recoge la finalidad que el Gobierno Vasco persigue con esta tasa: “Se regula una nueva tasa por la prestación de servicios de rastreo, rescate o salvamento en la que se delimita el hecho imponible mediante la utilización de criterios objetivos, como son la práctica de unas determinadas actividades recreativas y deportivas que comportan un evidente riesgo, la prestación del servicio en zonas señaladas como peligrosas o de acceso limitado, así como cuando se origine por desatender los avisos de alerta de fenómenos meteorológicos adversos o cuando se trata de servicios solicitados sin justificación. La finalidad de esta tasa y su eficacia habrá de ser medida, no tanto en términos de recaudación, sino en función de su intencionalidad disuasoria, con respecto a actuaciones imprudentes, y de fomento del aseguramiento, para la cobertura del ejercicio de actividades peligrosas o de riesgo.”

De ahí sacamos los tres objetivos que el Gobierno busca lograr con esta propuesta en el ordenamiento jurídico:

1º No buscan recaudar, es decir, no va dirigida directamente a sufragar con la misma el coste del servicio público de rescate que el Gobierno Vasco ofrece.

2º Pretenden que la tasa sirva para disuadir a los practicantes de ciertos deportes para que no comentan imprudencias.

3º Pretenden que todos estos practicantes dispongan de seguros deportivos.

Pero, si analizamos el texto articulado, concluimos que no se logra ninguno de los tres, y que incluso infringe los principios legales que rigen el régimen de las tasas.

En cuanto al primer objetivo, hemos de recordar que, según la ley, las tasas únicamente pueden dirigirse a una finalidad: sufragar el gasto público. Sin embargo el texto reconoce abiertamente que no pretende eso directamente, y sí reducir la siniestralidad en la práctica de determinadas actividades legítimas y libres. Y esta finalidad del ejecutivo es evidente que no tiene encaje en el Derecho Tributario, y vicia de inconstitucionalidad esta tasa. Y así lo apunta el artículo 4 del Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el mismo sentido, encontramos el artículo 2.2.a de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Pero no sólo pensamos que el objeto de la tasa es inconstitucional, sino que además estamos convencidos de que esta propuesta no es el medio adecuado para el reducir la siniestralidad. Casi todas las actuaciones de rescate que se producen en la CAPV, según sus informes, no entran dentro de los parámetros que el texto contempla impedir, y para ello sólo hay que acudir a las causas de intervención de los técnicos de emergencias y del grupo de rescate de la Ertzaintza.

Y si logran algo es forzándonos a que dejemos de adentrarnos en el subsuelo de nuestro territorio, y no a que evitemos en nuestra actividad negligencias. Todos los expertos en montaña afirman que las disminuciones en los rescates se deben a un fomento de la formación e información de las actividades por parte de administraciones y colectivos implicados, y no al miedo de sus practicantes a una exacción de un tributo. Por allí deben ir las medidas políticas correctas para evitar actuaciones imprudentes.

En cuanto al segundo objetivo, en el texto articulado recoge como hecho imponible de esta tasa la prestación, por razones de seguridad pública, de servicios de rastreo, rescate o salvamento de personas en dificultades por los equipos de coordinación e intervención propios y concertados del Departamento de Interior, sea de oficio o a requerimiento de parte, y siempre que la prestación del servicio redunde en beneficio de quien tenga la consideración de sujeto pasivo y se produzca con ocasión de la práctica de actividades recreativas y deportivas que entrañen riesgo o peligrosidad para las personas, entre las que incluyen expresamente el espeleismo, con clara alusión a la espeleología.

Es decir, por un lado nos dicen que quieren que no cometamos imprudencias, pero por el otro nos cobran por la mera prestación del rescate, y da igual que la causa del mismo sea por fuerza mayor, fortuita, dolosa o culposa. El deseo de disuadirnos de ser negligentes no tiene ningún reflejo en el texto de la norma: es absolutamente indiferente que el rescate se deba al mayor de los infortunios, a ser la víctima inocente de un delito contra las personas cometido dentro de la cavidad, a que se haya quebrantado intolerablemente la más básica de las normas de prudencia en una exploración. Se paga siempre.

Además, presentan un listado de rescates en actividades deportivas sometidas siempre a tasa, de los que no hay un análisis justificativo y se incorporan sin más explicación. No alcanzamos a comprender porqué este listado sí y otras muchas actividades no. Ello supone, en nuestra opinión, una violación de los principios constitucionales tributarios. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ya ha creado una doctrina afirmando que la legislación tributaria debe exigir una presión fiscal idéntica a los sujetos tributarios sobre los que se actúa o, al menos, no superior a la soportada, y que, de existir una desigualdad en el trato fiscal, debe estar fundada en elementos objetivos. Entendemos que este listado vulnera esta doctrina constitucional, ya que no hay criterios objetivos que justifiquen porqué unas actividades están sujetas y otras no, así como, la que luego comentaremos de capacidad económica, y atenta contra el artículo 31 de la Constitución. Es en el tercer objetivo donde se demuestra la ausencia absoluta de un mínimo estudio previo antes de abordar esta tasa, así como de la nula preocupación por comprobar el contenido de las pólizas que tenemos suscritas los deportistas.

Además, las tasas no pueden ser utilizadas para obligar por vía indirecta a los ciudadanos a contratar pólizas de seguro voluntario: nuevamente, hay un desvío de poder inconstitucional con esta finalidad, y de nuevo, la propuesta viola la finalidad única a la que puede ir dirigida la tasa, que es la de sufragar el gasto público.

Como es notorio, las pólizas ordinarias (hogar o similares) no cubren estos siniestros; y las únicas que lo hacen son las que ofrecen las federaciones deportivas a las que estamos adscritos, y que son productos o contratos en masa que ofrecen las compañías.

Los practicantes del listado de actividades que recoge la tasa ya estamos mayoritariamente federados, y con ello tenemos nuestra póliza de seguro. Pero, y he aquí lo grave, nuestras pólizas actuales no cubren la propuesta de modificación de tasa: bien por límites de cobertura, bien por eventos expresamente excluidos, bien porque cada seguro sólo cubre una determinada modalidad o disciplina de la lista.

En conclusión, nos presentan una propuesta que tachamos de inconstitucional y contraria al régimen de las tasas, que presenta una regulación incongruente con los fines buscados, y que sólo sirve para desalentar a los ciudadanos en la práctica de las actividades deportivas, sobre todo las listadas, entre las que se encuentra la espeleología. Y sólo por ello esta propuesta debe ser rechazada por el Parlamento.

Pero, y ya centrándonos en nuestra actividad, con esta propuesta no están disuadiéndonos a los espeleólogos de cometer imprudencias; lo que realmente consiguen es disuadirnos de realizar espeleología que, según el nulo conocimiento que tienen de lo que hacemos, la consideran como una de las “actividades recreativas y deportivas que comportan un evidente riesgo”. Y ello no se ajusta a la realidad, tanto por la actividad que desarrollamos los espeleólogos como por los datos de nuestra siniestralidad.

LA ESPELEOLOGÍA EN EL PAÍS VASCO. MÁS QUE UN DEPORTE.

La práctica de la espeleología indudablemente tiene un claro componente deportivo. Como tal, y lejos de ser meramente una actividad “de aventura”, como normalmente se le considera, es un deporte que favorece los valores del trabajo en equipo, el compañerismo y el afán de superación en contacto con la naturaleza. Pero no se queda en ello: va mucho más allá. Tal y como se practica por los grupos organizados en el País Vasco, tiene importantes repercusiones en el conocimiento y puesta en valor de nuestra sociedad.

Con nuestra desinteresada labor, los espeleólogos vascos hemos descubierto y aportado datos inéditos sobre yacimientos arqueológicos y paleontológicos ocultos, especies de fauna, ríos subterráneos… Profesores y especialistas de la UPV reconocen nuestra labor y colaboran habitualmente con nuestros proyectos dirigiendo, aconsejando, participando activamente en las salidas de campo,…..

Con nuestro trabajo hemos topografiado más de 500 kilómetros de galerías subterráneas con desarrollo íntegro en la CAPV, con más de 5.000 bocas de cavernas catalogadas.

Hemos publicado muchos libros de divulgación, revistas, artículos y hemos colgado en internet abundante información sobre las cavidades y los karst vascos. Y con ello todavía es mucho lo que nos queda por descubrir y ayudar a otras ciencias asociadas al karst: geología, hidrogeología, arqueología, biología, industria…

Prueba de ello es que el grueso de los convenios suscritos con las Administraciones Públicas, y de las subvenciones económicas que perciben los grupos, no provienen del sector de Deporte y Juventud, sino de Medio Ambiente, Cultura, Aguas u Obras Públicas.

Es decir, gracias a la actividad ininterrumpida de los espeleólogos vascos, que se remonta a más de ochenta años atrás, se está teniendo conocimiento de lo que esconde nuestro subsuelo. Y nadie más está en condiciones para acceder a él si no somos nosotros, los pertenecientes a este colectivo.

Por ello, los poderes públicos, lejos de castigar su práctica, deben fomentar que se practique y difunda la espeleología, y no sólo por los importantes valores de cualquier deporte, sino también porque con ello se accede a información y conocimiento ahora ocultos, bajo la superficie de nuestros karst, incrementando con ello el acervo patrimonial natural y cultural vascos.

Y, además, es un error de base tachar a esta actividad de un deporte que “entraña riesgo o peligrosidad para las personas”, ya que no es cierto.

ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD EN LA ESPELEOLOGÍA VASCA.

En la espeleología vasca, propiamente hablando, se han producido muy pocos accidentes. Los verdaderos datos que podemos contar de accidentes espeleológicos en cuevas de la CAPV que han precisado de un rescate en los últimos veinticinco años son los siguientes:

  • 1989. Muere un miembro voluntario del espeleosocorro vasco al acudir en auxilio de unos turistas que se habían quedado atrapados por una subida de agua en la Cueva de Los Goros (Vitoria).
  • 1991. Cae una piedra que golpea en el casco a un espeleólogo en Aulesti. Tiene que ser evacuado.
  • 1994. Cae una piedra que golpea en la espalda a una espeleóloga en Galdames. Tiene que ser evacuada.
  • 2005: En un mal paso, un espeleólogo se luxa la rodilla en una cueva de Dima. El médico voluntario del espeleosocorro le reduce la luxación y sale con ayuda de los compañeros y miembros del grupo de rescate.
  • 2010. Una roca cae encima de un espeleólogo cantabro en una exploración y le golpea en la cabeza y en las piernas. Tiene que ser evacuado.


  • Y a ellos hay que sumar dos situaciones de prealerta por retraso en la salida de los espeleólogos, que se solucionaron sin ir a mayores y sin que fuera precisa la intervención en la cueva de los grupos de rescate.

    A la vista del texto del Proyecto, y de la Exposición de Motivos, los redactores políticos no han tenido esto en cuenta: en la espeleología casi no tenemos siniestralidad, y en todo caso es ínfima en el conjunto de las intervenciones de rescate en montaña y, en global, de las intervenciones de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco y de la Unidad de Rescate de la Ertzaintza.

    Incluso atendiendo a una finalidad recaudatoria de la tasa para sufragar el gasto que supone al erario público este servicio, es una estrategia bastante poco acertada excluir las actividades que provocan el mayor número de las intervenciones, e incluir las actividades minoritarias y con mínima siniestralidad.

    Y si, analizamos las causas, comprobamos que los accidentes no tienen como única causa un error o negligencia imputables a los espeleólogos, sino que se deben principalmente a infortunios.

    Por tanto, la espeleología, con los datos en la mano, no es una práctica que comporte un evidente riesgo. Esa apreciación de riesgo es subjetiva por los redactores del texto y basada en la ignorancia de lo que hacemos y cómo lo hacemos: nuestro material, equipamiento, técnica, normas de actuación… Por ello, no debe estar incluida en ese listado de actividades criminalizadas fiscalmente, cargando a sus practicantes con una presión tributaria que no tienen otros, y sin una razón constatada objetivamente.

    Como redactores de la propuesta de un texto legal tenían la obligación de haberse informado adecuadamente.

    EL IMPORTE DE LA TASA: SIMULACIÓN EN UN ACCIDENTE ESPELEOLÓGICO

    En caso de una intervención por accidente en una cavidad, la puesta en marcha del operativo de rescate puede requerir de un importante despliegue de medios humanos y materiales, y tan grande que los servicios profesionales vascos, en la gran mayoría de las ocasiones, pueden verse obligados a requerir en su apoyo la participación del espeleosocorro voluntario.

    Un rescate espeleológico (no el más complicado, ni mucho menos), siguiendo nuestra experiencia acumulada aquí y en otras CCAA, puede suponer:

  • Intervención de un (1) técnico de emergencias.
  • Intervención de 8 ertzainas del grupo de rescate
  • Intervención de 35 voluntarios del espeleosocorro vasco.
  • Intervención de 10 miembros de Cruz Roja o DYA para porteo del herido en el exterior

    Con esto, configuramos en la cavidad cuatro equipos de rescate de ocho personas (un equipo para cada zona de rescate del interior), un equipo médico-sanitario, un equipo de comunicación, otro para labores exteriores de coordinación y gestión diversas… Lo normal y estipulado para estos casos. Y supongamos que el rescate ha sido rápido y ha durado veinte horas.

    Pongamos también que el accidente ha sido en un lugar remoto (Biotopo Protegido de Itxina, por ejemplo) y que se considera que hay que mover a la gente y material con el helicóptero para ganar las tres horas de transporte del material (período crítico), y que los rescatadores lleguen frescos: dos horas de helicóptero.

    Una hipotética tasa por el rescate de un espeleólogo alcanza la suma total de 45.247,20 euros, con el siguiente desglose:

  • Medios humanos movilizados 9 profesionales: 9x37’74x20= 6.793,20 euros.
  • Medios humanos movilizados 45 concertados: 9x37’74x20= 33.999 euros.
  • Medio material helicóptero (dos horas): 2x2.244= 4.488 euros.

    Nos preguntamos si los responsables de esta redacción de la tasa han hecho una reflexión similar con los especialistas en esta cuestión y han tenido en cuenta que estas son cifras normales en las que se desenvolverá el rescate de un espeleólogo herido. Nosotros sospechamos que no, ya que con ello mantenemos que se vulneran dos principios que deben operar en todas las tasas: el de capacidad económica del administrado y el de no superar con la exacción el valor de la prestación recibida.

    Según el artículo 31 de la Constitución, y desarrollado por el artículo 9 de la Ley de tasas, estos tributos deberán someterse al principio de capacidad económica, según el cual “en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas.” Pretender recaudar cantidades que fácilmente superarán los 60.000 euros a ciudadanos de a pie, en muchas ocasiones jóvenes, defendemos que viola este principio. Además, la Ley de Tasas exige que las tarifas se establezcan con los límites de su artículo 17.2. Esta norma impone que el elemento cuantitativo del tributo, en su importe, no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate y, en su defecto, del valor de la prestación recibida. La intervención del espeleosocorro voluntario supone el 75% del coste según nuestro ejemplo, y cuanto más largo sea el socorro, más incrementará su peso. Y lo cierto es que por mucho que suba este concepto, no supone un mayor demérito para el Departamento de Interior, ya que el gasto de la Administración únicamente es la del Convenio anual que tenemos suscrito.

    De nuevo vemos que se ha legislado sin reflexionar, y sin comprobar, además, la incidencia que tiene esta propuesta en la realidad actual de los seguros que pretenden fomentar.

    NUESTROS SEGUROS NO CUBREN EL TOTAL DEL IMPORTE DE LA TASA EN UN ACCIDENTE DE ESPELEOLOGÍA

    Como hemos señalado, uno de los objetivos declarados en la justificación de la propuesta es que se pretende fomentar el aseguramiento en estas actividades. Pero, insistimos, ni una tasa puede servir para ello, ni con esta redacción sirve de mucho estar asegurado. En primer lugar, hemos de señalar que los que realizamos cualquier actividad deportiva, y máxime en los deportes que se recogen en el listado, ya disponemos de seguro. Las actividades que señala el Gobierno, en gran medida, requieren en su práctica de una forma comprometida, y muchas horas de dedicación y formación hasta llegar a disfrutar del mismo. Y ello, unido a que son actividades en las que se trabaja en grupo, nos aboca necesariamente a pertenecer a grupos y federarnos en esta modalidad.

    El texto prevé que nuestras aseguradoras sean el tercer supuesto de sujetos pasivos, en calidad de sustitutos, y que sólo respondan hasta el tope asegurado, como es lógico en el derecho del seguro.

    Los espeleólogos, en concreto, tenemos concertada una póliza de seguro a través de nuestra federación. Esta póliza está suscrita con la Mutualidad General Deportiva, y en el caso de rescates nos cubre hasta un máximo de 6.010,12 euros: nuestros seguros son totalmente insuficientes para cubrir lo que nos viene encima, aún quitando el coste del espeleosocorrista voluntario.

    Así, nuestros seguros actuales no cubren, ni de lejos, el importe previsible de la tasa de rescate en cavidad. Hoy en día, con esta redacción en vigor, incluso con el seguro reconociendo el siniestro, nos veríamos a tener que pagar de nuestro bolsillo una muy importante parte de la cuota, hasta muchas decenas de miles de euros, y ello independientemente de la causa de nuestro accidente.

    Como ya hemos señalado, mantenemos que ello atenta contra el principio de capacidad económica de las tasas recogido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1/2007. Pero no habría que esperar a devengar una tasa para hacer frente al impacto económico de esta redacción. Su mera aprobación ya nos está acarreando un importante perjuicio económico directo: las pólizas deberán cambiar para subir la cantidad asegurada acercándose a la cifra real que nos van a cobrar por un rescate, y para el año que viene nos van a suponer una importante subida en las cuotas. Otra traba más que esta tasa supone para disuadirnos de practicar estas actividades, y que con la forma en que se ha tramitado este proyecto de Ley, no hemos sido siquiera capaces de prepararnos a ello.

    Y una observación más sobre la que queremos detener la atención. Los sujetos pasivos obligados no son sólo los espeleólogos rescatados, sino que también lo son los grupos de espeleología que organicen las actividades. Es muy habitual en nuestro entorno que los grupos cursen invitaciones a otras personas, realicen salidas previstas en un calendario, equipen vías para su exploración continuada… En una palabra, los grupos espeleológicos sin ánimo de lucro organizan salidas que pueden acabar en un siniestro. Con la redacción del artículo 111.ter.2, estos grupos responden en primer lugar del pago de la tasa. Ello nos supondrá tener que contratar nuevas pólizas específicas para los grupos espeleológicos: y nos resultará un enorme esfuerzo para los exiguos presupuestos de los grupos, cuando las subvenciones públicas para el funcionamiento ordinario cada vez son más difíciles de conseguir.

    Así, esta norma, por el mero hecho de su aprobación, va a encarecer considerablemente la práctica de la espeleología, con un efecto inmediato sobre nuestras economías -personales y de los grupos- y esto no puede sino ir en contra de la práctica de esta actividad que, como hemos visto, es mucho más que un deporte.

    Además, los ingresos provenientes de la tasa no están afectados a la financiación del coste de los servicios prestados por los profesionales ni por los servicios concertados, así como tampoco a la formación e información de los potenciales accidentados. Es decir, nos encontramos ante una tasa cuya finalidad no alcanza la eficaz prevención de accidentes, como prodiga la exposición de motivos, salvo para amenazar con cobrar importantes cantidades a los rescatados.

    Pero aún hay más que añadir. Los seguros que tenemos concertando no cubren todas las modalidades deportivas por las que podemos vernos obligados a pagar un rescate. Eso quiere decir que si el espeleólogo también hace montaña, surf y travesía de natación deberá contratar una a una las pólizas que le cubran específicamente todas y cada una de las actividades y su rescate. Esto supone un desembolso muy importante sólo en seguros, que puede superar incluso los 200 euros si se quieren hacer varias actividades sin correr el riesgo de tener que pagar esta tasa.

    Se pone carísimo practicar deportes minoritarios en la CAPV. Y esto el Parlamento Vasco no debe permitirlo.

    Es decir, el efecto inmediato de esta norma sobre la actividad y nuestras economías personales ya es una realidad importante con el mero hecho de la aprobación de la tasa. Y esto no ha sido valorado, a ciencia cierta, por los responsables de este texto.

    EL GOBIERNO VASCO COBRA POR EL TRABAJO DE LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL: UNA ABERRACIÓN.

    En su hecho imponible, la tasa propuesta prevé que el Gobierno Vasco ingrese por el trabajo de los equipos de coordinación e intervención no sólo propios, sino también concertados con el Departamento.

    Sobre el concepto de servicios propios, claramente se incluye a los técnicos de emergencias del Gobierno Vasco y a los efectivos del Grupo de Rescate de la Ertzaintza. Cuando habla de concertados, para entender su alcance, hemos de acudir al Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias (BOPV nº 30 de 15 de febrero). En su artículo 2.1.b prevé que la integración del voluntariado en el sistema de gestión de emergencias vasco se realice, entre otras, a través de entidades colaboradoras convenidas con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. En el Capítulo IV de este Decreto se desarrolla la relación de estas entidades de voluntarios, y en su artículo 21 regula detalladamente el contenido del Convenio a suscribir entre Gobierno Vasco y entidad voluntaria y sin ánimo de lucro. Por tanto, a la vista de ello, cuando se habla de servicios concertados, se refiere a los servicios integrados en el sistema de gestión de emergencias vasco a través de las previsiones de este Decreto. El grupo voluntario de espeleosocorro de la UEV es uno de estos servicios concertados por los que cobra la propuesta, al igual que el grupo de rescate de la Federación de Montaña, el grupo de perros de Salvamento de Euskadi, Cruz Roja, DYA y otros.

    Si aún así existiera cualquier duda sobre si la tasa cobra por el trabajo de voluntarios, ésta se disipa al ver la regulación de la cuota, donde se dice que ésta se determinará atendiendo, por una parte, al número de efectivos y medios, tanto personales como materiales, que intervengan en la prestación del servicio, y por la otra, al tiempo invertido en la prestación del servicio por cada uno de los efectivos y medios.

    Es decir, el Gobierno Vasco cobrará la tasa por todos los servicios que intervengan, sea cual sea su condición funcionarial, estatutaria, laboral, contractual o voluntaria: no se distingue a estos efectos la labor del voluntario de la del profesional.

    Así, en la liquidación de la tasa están incluidas las horas que los espeleosocorristas voluntarios invierten en el rescate, y además, está se cobrarán por el trabajo hora/persona desde el mismo momento de la salida.

    Es decir, el Gobierno Vasco pretende recaudar por nuestro trabajo voluntario a un compañero rescatado. Y eso nos repugna. Que lo hagamos por el trabajo de profesionales a los que ya pagamos con nuestros impuestos nos parece una doble imposición; pero por el de voluntarios, en nuestra calidad de expertos, pertenecientes a una asociación sin ánimo de lucro, no nos parece ya ni siquiera lógico, sino que lo consideramos ilegal por ser contrario al derecho aplicable al voluntariado.

    La Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias, en su artículo 45.2, entiende por voluntariado de protección civil la adhesión libre y desinteresada de los ciudadanos a entidades y organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro cuyo fin sea la protección y seguridad de personas y bienes, como expresión organizada de la solidaridad humana y medio significativo de la participación ciudadana en la vida comunitaria. A continuación, el artículo 47.1 afirma que la actividad del voluntariado de protección civil se prestará de forma personal, voluntaria, altruista y gratuita, a través de la organización en que se integre.

    El Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias, de desarrollo de la Ley, reconoce los derechos del voluntariado en su artículo 4, y establece como deber general del mismo, en su artículo 5.1 que “las organizaciones de voluntariado habrán de estar legalmente constituidas y sus componentes habrán de prestar sus servicios de forma voluntaria, altruista y gratuita.” El Capítulo IV de este Decreto, de aplicación a la Unión de Espeleólogos Vascos, nos exige en su art. 20.1.b que tengamos carácter altruista y ausencia de ánimo de lucro.

    También es de aplicación lo dispuesto en la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, del cual destacamos aquí el artículo 2 que dice que “A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que se realicen en las siguientes condiciones: a) De manera desinteresada y con carácter solidario; b) Voluntaria y libremente; c) sin traer causa de una relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una obligación personal o deber jurídico; d) a través de organizaciones sin ánimo de lucro, y con arreglo a programas o proyectos concretos; c) sin retribución económica; d) sin sustituir, en ningún caso, servicios profesionales remunerados.”

    Y todas estas normas afirman que el voluntario sólo tiene derecho a que le reembolsen los gastos efectivamente causados por aquél, así como las cantidades dejadas de percibir por el abandono del puesto de trabajo habitual. Igualmente podrán establecerse otro tipo de gratificaciones o compensaciones siempre que carezcan de periodicidad y de carácter remunerativo (artículo 46.2 Ley de Gestión de Emergencias y artículo 6.e de la Ley del Voluntariado)

    Es decir, por ley se regula una actuación por parte de la ciudadanía que realizamos con valores de solidaridad humana… y la ley dice que nuestra dedicación voluntaria para la UEV es altruista y sin lucro: ni para nosotros, ni para nuestras asociaciones, ni para la Administraciones Públicas. Y sin embargo el Gobierno se la cobra, y generándole un enriquecimiento injusto con cargo al trabajo del voluntariado, esencialmente gratuito.

    Así es si comparamos el desembolso económico le supone al Gobierno Vasco el Convenio suscrito entre Interior y la UEV, y vemos lo que aquél podría cobrar del trabajo voluntario con un rescate al año. Sacando nuestros números, comprobamos que la Administración Vasca tendría un claro beneficio o lucro a su favor de varios miles de euros, de varias veces el gasto que le supone el precio que el Gobierno compromete en el Convenio.

    Y además cobra por un voluntario lo mismo que por un profesional. Como no hemos tenido acceso a la memoria económica que necesariamente ha de acompañar este proyecto (art. de la 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General), nos es imposible acceder a los criterios de racionalidad para saber por qué la hora de voluntario cuesta 37,74 euros, pero desde luego nos parece increíble que, hasta con céntimos, sean capaces de calcular lo que supone nuestra labor de voluntario.

    Esto nos parece un autentico despropósito sin precedentes, ni siquiera en otras normas aprobadas por Comunidades Autónomas que han establecido tasas similares. NO SE ESTÁ SIGUIENDO EL MODELO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. ES UNA TASA TOTALMENTE NUEVA. Uno de los argumentos que se utilizan para justificar esta tasa es que otras CCAA ya lo están haciendo. Pero este argumento, además de pobre, es absolutamente inexacto. La realidad de cada CCAA es distinta y no es extrapolable a las demás.

    En Aragón, por ejemplo, los valores naturales y paisajísticos son sobresalientes, y la práctica del montañismo o alpinismo es uno de los principales atractivos turísticos y de reclamo. Ello supone una enorme afluencia de turistas a disfrutar de estos recursos, y, a su vez, exige a esa Administración dotarse de los adecuados servicios (de rescate y asistencia incluidos) para atender a los visitantes.

    En el caso de la práctica de la espeleología, el ejemplo más notable lo encontramos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. La vecina CCAA tiene un enorme potencial kárstico, y atrae con ello a un turismo espeleológico especializado a realizar las largas y preciosas travesías subterráneas, de las que aquí carecemos en tal número por razones geológicas. Junto con la llegada del turismo, se produjeron una serie consecutiva de accidentes que requirieron importantes esfuerzos de rescate para la Comunidad, que incluso llevó al Gobierno regional a dar fuerza a una cuestionada autorización administrativa previa de entrada a las cavidades (asociada a la normativa cultural, y no a la de seguridad pública, todo sea dicho de paso). Cantabria incluso se vio obligada a sacar a licitación pública un servicio especializado de rescate espeleológico, prescindiendo del espeleosocorrismo voluntario. Actualmente, el número de rescates ha disminuido gracias, sobre todo, a una mayor información y formación de los espeleólogos y a una mejora en la señalización de los itinerarios y de las instalaciones de progresión.

    Sin embargo, la CAPV no es un referente del turismo deportivo natural. Ni nuestras montañas son un potente reclamo turístico, ni nuestras cavidades son visitadas en masa por espeleólogos de otras comunidades. Los potenciales rescatados son casi en exclusiva ciudadanos de pleno derecho de nuestro territorio que viven aquí y pagan sus impuestos aquí. Y, concretamente, en el caso de las cavidades vascas, sus exploradores son mayoritariamente los propios espeleólogos vascos.

    En cuanto a los modelos que el Gobierno Vasco dice estar copiando, traemos aquí dos Comunidades Autónomas que tienen esta tasa en vigor. En Cataluña está aprobada por el articulo 22.5 de su Decreto Legislativo 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. Por su parte, en Cantabria, esta tasa viene recogida en el Anexo 6 de la Ley deCantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.

    Las dos Comunidades tienen en común que sólo recaudan cuando hay negligencia. Este requisito de negligencia nos parece que choca absolutamente contra los hechos imponibles que pueden ser sujetos a tasa, tal y como recogidos en el artículo 11 de la Ley vasca de Tasas, y por tanto, mantenemos que no cabe en nuestro derecho. Pero además, defendemos que también es inconstitucional al incorporar elementos subjetivos en una tasa, de carácter naturalmente objetivo, y que no prevé siquiera la mínima posibilidad de defensa (procedimiento de contradicción) ante una posible exacción. Pero, aunque las consideremos ilegales e inconstitucionales, al menos estas comunidades autónomas no están criminalizando una práctica deportiva, como así hace la propuesta vasca.

    En el caso de los cántabros el pago de la imprudencia lo imponen mediante la exención de la tasa, donde dice que “están exentas de pago de la tasa todas aquellas intervenciones provocadas como consecuencia de emergencias y accidentes ocurridos por caso fortuito y causa de fuerza mayor y, en general, cuando no hayan ocurrido por causa de dolo o negligencia imputable a los interesados o afectados.”

    El caso de los catalanes es más directo, en la propia delimitación del hecho imponible, cobrando “el rescate y salvamento de personas en los siguientes casos:

  • Primero. Si tiene lugar en zonas señaladas como peligrosas.
  • Segundo. Si las personas rescatadas o salvadas no llevaban el equipamiento adecuado para la actividad.
  • Tercero. Si la persona solicita el servicio sin que existan motivos objetivamente justificados.”

    También es común a ambas comunidades que sólo cobran por sus servicios propios, sean del personal funcionario, sea de servicios contratados (caso cántabro); pero no cobran por el trabajo del voluntario, como pretende la propuesta del ejecutivo.

    Pero no todo es lo que parece. El legislador cántabro en su “Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de protección civil” declara exentos del pago a los ciudadanos cántabros (en todo caso a los de pequeños municipios, y a los grandes cuando hay convenio). Es decir, que los cántabros sólo cobran los rescates a los no cántabros.

    Por su parte, la Generalitat de Catalunya, según prensa especializada, ahora está sopensando anular la ley que abrió la posibilidad de cobrar los rescates en montaña en algunas circunstancias y sustituir la tasa en Cataluña por una sanción cuando se demande el auxilio de los grupos de socorro sin necesidad. Parece que los políticos empiezan a escuchar a los técnicos, que desde hace tiempo les venían aconsejando implementar un modelo más parecido al francés y sustituir la factura por una sanción pero sólo en aquellos casos en los que haya uso indebido de los grupos de rescate, nunca cuando haya un herido.

    Por ello, la conclusión es que el Gobierno Vasco no está copiando el modelo de otras CCAA con sus peculiaridades; está inventando un nuevo concepto de esta tasa por rescate, recaudando en todo caso ante determinadas actividades, cobrando por el trabajo de los voluntarios, y sin aprender de las rectificaciones que las administraciones que lo tenían implantado están realizando.

    NO SE PUEDE CREAR UNA TASA CON ÁNIMO DE NO RECAUDARLA Y CON EL OBJETO DE ASUSTARNOS A LA HORA DE PRACTICAR NUESTRA ACTIVIDAD.

    Y un hecho objetivo: Cantabria y Cataluña no están exaccionando esta tasa. En el tiempo que llevan en vigor, son escasísimas, si es que ha habido alguna, las veces en las que han devengado la tasa.

    Si el Gobierno Vasco tampoco tiene ánimo de aplicarla sistemáticamente, ello supondría el quebranto del principio de legalidad y la aplicación arbitraria de una norma jurídica, vulnerando frontalmente el estado de derecho, y dejando al ejecutivo para que, a su albur, aplique el derecho cuando le venga en gana. Ya tenemos varios ejemplos en nuestra normativa de esta deleznable práctica de normas huecas o florero.

    Además, la Exposición de Motivos parece confesar que principalmente busca “asustar” a los practicantes de actividades que el Gobierno consideran peligrosas para que seamos prudentes. Acuden a una facultad pública, la tributaria, para un fin distinto del que está configura. La tasa es para sufragar los costes de un servicio público obligatorio para los ciudadanos. No para cambiar las conductas de los ciudadanos. Para ello, está la facultad sancionadora, como mejor parece orientar los catalanes, la cual, además, no es asegurable por ley, lo que quiere decir que el negligente tendrá que abonar en todo caso la sanción, sin que al final sea el seguro (es decir, entre todos) el que abone el gasto.

    EN RESUMEN:

  • El colectivo espeleológico vasco, incluido el que agrupa a los voluntarios espeleosocorristas que participan en el sistema de emergencias del Departamento de Interior, estamos absolutamente en contra de esta tasa.
  • El Gobierno Vasco nos ha ninguneado en la tramitación del anteproyecto pese a ser uno de los colectivos más afectados por el importe de la cuota propuesta; y no se ha detenido a conocer nuestra actividad, ni las consecuencias que su propuesta de regulación iba a tener sobre nosotros.
  • La tasa, por su configuración legal, sólo puede dirigirse a sufragar el gasto público. Su utilización para disuadir de imprudencias y para fomentar la contratación de seguros por la ciudadanía, como declara ser la finalidad de la que nos ocupa, supone un quebranto de inconstitucionalidad.
  • Además, mantenemos que la propuesta de tasa atenta contra el régimen legal de estos tributos, recogido en el título I del Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
  • Los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno Vasco con esta tasa no se logran sin implantar medidas de fomento, información y formación de las respectivas actividades. La tasa, por sí misma, es inútil a los fines confesados.
  • Se tacha ope legis a determinadas actividades de peligrosas o de riesgo, y se cobra por todos los rescates ocurridos en su práctica, sea cual se la causa del mismo.

    Entre ellas enumera el “espeleísmo”, en clara referencia a la espeleología: tal es su desconocimiento de lo que regula el legislador vasco que ni siquiera sabe cómo se denomina esta actividad. Esta comparación entre actividades incluidas y excluidas, sin más explicación y de forma tan poco rigurosa, supone una infracción del principio de igualdad de trato vigente en el derecho tributario y descompensa, sin motivos objetivos que lo justifiquen, la presión tributaria sobre los practicantes de determinadas actividades deportivas listadas por el Gobierno.

  • La espeleología debe ser potenciada por los poderes públicos dado el beneficio que nuestras exploraciones suponen al conocimiento cultural y natural de la sociedad. Medidas como las que nos ocupa, y de la forma que se han planteado, sólo sirven para disuadir a la gente de practicar esta actividad, en lugar de fomentarla y apoyarla.
  • La espeleología no es una actividad peligrosa ni de elevado riesgo. La percepción subjetiva de las personas ajenas a este mundillo se basa en su desconocimiento, y así lo atestiguan el bajo índice de siniestros y la ínfima repercusión que tiene en el global de los rescates realizados en la CAPV.
  • Un espeleólogo rescatado puede verse obligado a pagar un tributo que fácilmente superará los 60.000 euros. Esto viola el principio de capacidad económica que impera en el régimen de las tasas, ya que no es asumible por un ciudadano normal.
  • Con los seguros deportivos que tenemos suscritos, esa cantidad previsible queda muy lejos de la cobertura asegurada.


  • La mera aprobación de la tasa nos obligará a negociar la mejora de nuestras pólizas (más de un 1000% ante este concepto) y contratar seguros para los grupos espeleológicos que organicen actividades. Ello va a suponer un sobrecosto económico que disuadirá a los que ya estamos y hará de barrera para los que quieran practicar esta actividad, sobre todo a los más jóvenes. Se hará menos espeleología.
  • Además, la aprobación de esta tasa va a suponer un enorme coste para la economía de los practicantes de actividades deportivas, ya que no sólo deberemos ampliar notablemente nuestras pólizas y asegurar a nuestros grupos, sino que también se nos va a obligar a suscribir un seguro por cada una de las modalidades listadas por el Gobierno Vasco si no queremos correr el riesgo de pagar cantidades inasumibles para nuestras economías en caso de accidente.
  • Lo más sangrante es que el Gobierno Vasco cobre a un rescatado por el trabajo voluntario de los amigos y compañeros integrados en el sistema vasco de emergencias, y a los mismos precios que cobra por un profesional. En el caso de un rescate de espeleo, por este concepto, se puede llegar al 80% del total de la cuantiosa tasa que se devengará. Ello supondría un enriquecimiento injusto para el Gobierno Vasco.
  • El cobro de estos servicios voluntarios entendemos atenta contra los principios de solidaridad humana y además es contrario a la normativa reguladoraLa Unión de Espeleólogos Vascos se opone frontalmente a que se cobre a un espeleólogo herido por los servicios prestados por sus socios y voluntarios del espeleosocorro.


  • Si se pretendía copiar lo que están haciendo otras CCAA, se han equivocado. Nuestra situación de partida no es la misma que en otras CCAA, se ha presentado una tasa que cobra, ante determinadas prácticas, independientemente de negligencias, sin un buen estudio de la situación, con importante incidencia sobre las coberturas aseguraticias, y sin abordar el problema al que quieren hacer frente.
  • Esta tasa, por tanto y según nuestro criterio, no sólo es inconstitucional y no tiene encaje en el marco legal de las tasas, sino que sólo conduce a encarecer la práctica deportiva en la CAPV, y de la espeleología en particular, y a disuadirnos no de cometer imprudencias, sino de practicar de deportes en la naturaleza.


  • Y ante todo ello, SOLICITAMOS al Parlamento Vasco:

    a. Que rechace el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Tasas en cuanto a la creación de una nueva tasa por rescate realizado por los servicios propios de la Comunidad Autónoma Vasca.
    b. Subsidiariamente, que sobre el texto propuesto por el Gobierno Vasco se realicen las siguientes modificaciones:

    a. Se elimine el hecho imponible 11.bis.1.a. De otra forma, todos los practicantes de estos deportes nos vemos obligados a suscribir tantas pólizas y federaciones como modalidades deportivas realicemos.
    b. No se consideren sujetos pasivos a los grupos organizados, o al menos, no a los que carezcan de ánimo de lucro. Y tampoco a los federados en cada modalidad, como expresión de su compromiso hacia ese deporte.
    c. Desde luego, que no se cobre a un rescatado por el trabajo altruista, solidario y voluntario que los miembros del espeleosocorro realizan, para enriquecimiento injusto de la Administración.
    d. Que se excepcione del tributo ante cualquier tipo de rescate a los espeleosocorristas, y, en general, a las personas voluntarias pertenecientes a los grupos conveniados en el sistema vasco de emergencia, a modo de recompensa y reconocimiento social por nuestra labor voluntaria y desinteresada en estas labores de emergencia.
    e. Que la cuota máxima a cobrar por esta tasa sea 6.000 euros en todo caso, en aras del principio de capacidad económica.
    f. Ser sinceros en la exposición de motivos y reconocer que este nuevo tributo tiene carácter recaudatorio.
    g. Afectar los ingresos de la tasa a la formación e información en las actividades que sean motivo de intervenciones de emergencia, al objeto directo de disminuir la siniestrabilidad en la CAPV.

    Es cierto que debemos ser diligentes al practicar nuestras aficiones; pero también lo es que el Gobierno Vasco lo sea al redactar estos proyectos de Ley. Y no lo ha sido.

    En Oñati, a 17 de marzo de 2011

    Fdo. Davíd Díez Thale,
    Presidente de la Unión de Espeleólogos Vascos, y en nombre del colectivo espeleológico señalado en el encabezado.


    Los espeleólogos vascos presentan una alegación en el Parlamento Vasco. Foto: Bitor Abendaño

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    4 comentarios

    4. anbotomendi - 27 Mar 2011, 14:53
    Impresionante, que buen artículo se han currado los de la UEV.Han demostrado muchísima más preparación a la hora de legislar que los juristas profesionales del Gobierno Vasco. A ver si ahora nos unimos y conseguimos que se nos escuche.

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    3. Cliente de guía de montaña - 24 Mar 2011, 16:41
    ¿No será que las federaciones no se pronuncian por qué están deseando que aparezcan tasas como ésta? Así hay más socios, aunque sólo sea por pagar el seguro de la Mutualidad General Deportiva.

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    2. Fer52 - 24 Mar 2011, 09:24
    Completamente de acuerdo contigo Jontxu. La AEV se ha movido y además con un documento que destila sentido comun y base juridica. Que esperan las Federaciones para moverse. Bueno me imagino que los de la Catalana están demasiado ocupados dinamitando Certascan.

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    1. Jontxu - 24 Mar 2011, 08:17
    Ya era hora de que alguien se moviese. Ahora la pregunta es... ¿Para cuando una respuesta similar del resto de colectivos implicados? ¿Donde están las federaciones y clubes?

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